Juez culpa a la Fiscalía del Estado de que prosperen las denuncias falsas

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GRANADA | El testimonio de sus suegros ‘despedían tufo a zafia falsedad’

Un año y medio de cárcel por denunciar falsamente a su ex pareja de malos tratos

• El juez culpa a la Fiscalía del Estado de que prosperen las denuncias falsas
• Critica que el fiscal ‘desatienda su deber’ de perseguirlas
• Los suegros del hombre, condenados por prestar testimonios falsos

José Antonio Cano | Granada

Actualizado jueves 08/09/2011 20:05 horas

Una mujer ha sido condenada en Granada a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 6.480 euros por denunciar en falso a su ex marido por malos tratos y presentar como falsos testigos a sus padres, condenados por falso testimonio a seis meses de prisión cada uno y 540 euros de multa. Entre todos, deberán indemnizar al hombre falsamente denunciado con un total de 8.000 euros.

En la sentencia, dictada por el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Piñar, carga duramente contra lo que considera un «posicionamiento ideológico» de la Fiscalía General del Estado, por impedir la «adecuada persecución de algunas falsas denuncias», una afirmación que sostuvo porque durante el juicio la Fiscalía provincial de Granada llegó a pedir la libre absolución de la mujer.

El caso concreto se refiere a las acusaciones vertidas por su ex pareja contra S.M. vecino de Granada que tiene una hija en común con la ahora condenada. Ésta lo denunció en dos ocasiones, en mayo y julio de 2007, por supuestamente dedicarse a realizarle llamadas amenazantes y acosarla desde su separación, consiguiendo que llegase a ser juzgado por delito de amenazas enfrentándose a una posible condena de 11 meses de cárcel.

Durante casi tres años, pesó sobre él una orden de alejamiento de la madre que le impidió ver a su hija con normalidad.

grabó conversaciones con su ex

Sin embargo, S.M: salió absuelto en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal 6, al presentar como prueba de su defensa una serie de grabaciones de sus conversaciones telefónicas que tomó «por precaución», según explicó su abogado, Diego Fernández. Así, entre la primera y la segunda denuncia, el hombre comenzó a grabar las llamadas que realizaba a casa de ex mujer para intentar hablar con la hija de ambos, cuya custodia mantenía ella.

En el juicio contra el ex marido, los padres de la condenada llegaron a afirmar que cuando él la llamaba, ella ponía le teléfono en manos libres para que ellos también escuchasen las amenazas, supuestamente insultándola y vejándola y diciéndole que iba a quitarle a su hija. Sin embargo, estos hechos se considerados probados como falsos, y el juez de lo Penal 1 ha considerado que los ex suegros dieron falso testimonio también a sabiendas, por lo que sus afirmaciones «despedían tufo a zafia falsedad».

Los hechos probados señalan, además, las numerosas contradicciones en el testimonio de la propia denunciante.

El abogado del ex marido falsamente acusado ha explicado que ambos se encuentran «muy satisfechos» con la sentencia, ya que «se habla constantemente de que uno de cada 100.000 casos es de denuncia falsa, pero lo difícil es que se llegue a condenar a la persona que se aprovechó así de la ley».

El deber de denunciar las acusaciones falsas

Fernández, en declaraciones a este periódico, lamentó que la Fiscalía apoyase en un principio la condena a su cliente y luego pidiese la libre absolución para la mujer. La sentencia, eso sí, es aún recurrible ante la Audiencia Provincial de Granada.

El juez, por su parte, sostiene en su sentencia que «no hay que rasgarse las vestiduras» porque haya personas que intenten aprovecharse de la medidas de protección a las víctimas de la violencia de género, ya que las denuncias falsas se producen en otros muchos aspectos de la legislación, poniendo como ejemplo los seguros. Lo que sí lamentó es que el Ministerio Público «desatienda su deber de acusar ante tan evidente falsedad», señalando a las instrucciones de la Fiscalía General del Estado.

El magistrado sostiene que «con ese excesivo celo ideológico de proteger a la mujer», se está cayendo en «quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos que con frecuencia comprenden detención y escarnio público«, lo que no hace sino «alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y, en última instancia, en el Estado de Derecho».