El TEDH condena a Italia por violación del derecho de un padre a su vida familiar. (Sentencia original y traducciones)

CASO LOMBARDO contra ITALIA

SE CONDENA A ITALIA POR: Violación del artículo 8 – Derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8-1 – El respeto a la vida familiar).

En los párrafos sucesivos está la traducción de esta sentencia de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo del 29 de enero del 2013 en la que se condena a la Republica de Italia por incumplimiento del artículo 8 que trata sobre la salvaguarda de los derechos del hombre.
El tema de este caso es el destrato de un padre respecto al derecho de visitas y relación entre un padre divorciado y su hija.

TRADUCCIÓN DEL ITALIANO AL CASTELLANO POR ANGEL ZIVANO A QUIEN LE AGRADECEMOS,  YA QUE LOS ORIGINALES OFICIALES AÚN SOLO ESTAN EN FRANCES E ITALIANO.

Cuando la tradución ofical se publique, será anunciado aquí

SENTENCIA DEL TEDH de ESTRASBURGO del 29 de enero de 2013 se hará definitiva en las condiciones definidas en el articulo 44 § 2 de la Convención. Puede sufrir modificaciones de forma.

LOMBARDO contra ITALIA

En la causa Lombardo c. Italia, la Corte europea de los derechos del hombre (segunda sección ), reunida en una cámara compuesta por : Danutė Jočienė, presidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto de Albuquerque, jueces , y de Stanley Naismith, Secretario de sección. Después de haber deliberad en la cámara del consejo el 18 de diciembre del 2012, pronuncia la siguiente sentencia, adoptada en tal fecha: Procedimiento 104. El origen de la causa es un recurso (n. 25704/11) interpuesto contra la Republica Italiana, por el ciudadano de dicho estado, Sergio Lombardo (el recurrente), llegado a la Corte el 22 de abril del 2011 en virtud del artículo 34 de la Convención para la salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales (<<la Convención>>), . El recurrente estaba representado por el abogado G Vaccaro, del foro de Roma. El gobierno italiano (<<el Gobierno>>) estaba representado por su agente, E Spatafora, y por de su co-agente, S Coppari.  En el recurso, el recurrente lamentaba en particular una violación del derecho a la vida familiar, garantizado por el artículo 8 de la Convención. El 25 de agosto del 2011 el recurso fue comunicado al Gobierno. Como lo se admite en el articulo 29 § 1 de la Convención se decidió además que la cámara se debería pronunciar contextualmente sobre la admisibilidad y el mérito de la causa. De HECHO. LAS CIRCUNSTACIAS DEL CASO EN CUESTION.

Los hechos de la causa, así como lo expuesto por las partes, se puede resumir como sigue. De las relaciones del recurrente con A.D. el 31 de marzo del 2001 nació una niña,  el 29 de enero del 2003, a causa de continuos conflictos que dañaban la pareja, A.D. dejó al recurrente y a la ciudad de Roma llevándose con ella la hija a vivir cerca de su familia en Termoli. Desde el momento de su partida A.D. manifestó una neta oposición a cualquier relaciòn entre el recurrente y S.A. Procedimientos relativos a la definición de las modalidades del ejercicio del derecho de visita del recurrente a la hija. El 26 de febrero del 2003 A.D. pedìa al tribunal de minoridad (a continuación <<el Tribunal>>) de Roma la custodia de S.A. Con decisión del 9 de julio del 2003, el tribunal de Roma disponía la custodia exclusiva de la menor a A.D. y concedía al recurrente un derecho de visita a concretarse dos tarde por semana, un fin de semana de cada dos sin pernotar hasta los tres años de edad de la menor, tres días en Pascua, seis días en Navidad y diez días durante las vacaciones estivales. El 20 de agosto del 2003, a causa de las dificultades encontradas en la concreción del derecho de visita, el recurrente, va al juez de tutela de menores de Termoli. El se lamentaba de haber podido encontrarse con su hija una sola vez el 25 de julio del 2003, por algunos minutos y en presencia de la madre y del tío de la menor y pedia el respeto a su derecho de visita. El 13 de octubre el juez de tutela confirmaba el dictamen del .tribunal de Roma y establecìa que los encuentros debían tener lugar en la sede de los servicios sociales de Termoli en presencia de un asistente social y de la madre de S. El 27 de noviembre del 2003 el recurrente se presenta nuevamente al juez de tutela para pedir el cumplimiento efectivo de los encuentros establecidos. El 23 de diciembre del 2003 el juez de tutela confirmaba la decisión del 13 de octubre del 2003. El 26 de enero del 2004, siempre a causa de las dificultades para concretar el derecho de visita el recurrente va por tercera vez con el juez de tutel, el cual, con decisión del 13 de marzo del 2004 confirmaba las decisiones precedentes.

El recurrente afirma que, entre el 2003 y el 2004, la madre, que debería estar presente en los encuentros, había amenazado a S. de abandono, si la menor hubiera dicho que prefería estar sola con el padre. Entretanto, el recurrente había impugnado lo decretado por el tribunal de Roma el 9 de julio del 2003 ante la corte de apelaciones de Roma, pidiendo la custodia de S, y en su defecto la ampliación del régimen de visitas. El perito nombrado por la corte de apelaciones observaba que A.D. había puesto una fuerte resistencia a los encuentros entre el recurrente y la menor y que gracias al mismo perito y sus colaboradores fue posible concretar algunos encuentros positivamente sin la presencia de la madre. El afirmaba que por el contrario los servicios sociales de Termoli nunca habían trabajado con el fin de facilitar los encuentros mencionados y habían dejado que la madre asistiera a los encuentros entre pade e hija. Con decreto del 19 de octubre del 2004 la corte de apelaciones disponía que los encuentros tuvieran lugar bajo supervisión en la sede de los servicios sociales de Campobasso tres tardes al mes. El 30 de marzo 2005 el recurrente presentaba un recurso en el tribunal de Campobasso, en el que afirmaba que pudo tener encuentros con su hija solamente en raras ocasiones, sostenía que lo establecido por la corte de apelaciones no se respetaba y pedia la custodia de la menor. Con lo establecido el 19 de julio del 2005, el tribunal de Campobasso limitaba la potestad parental de la madre, disponía la custodia de la menor para los servicios sociales, confirmando la ubicación de la misma cerca del domicilio de la madre, para permitir a los servicios sociales vigilar que la menor tuviera una relación equilibrada con el padre. El tribunal observaba además que a la fecha del 3 de junio del 2005 se habían cumplido solamente 7 encuentros de un total de 19 previstos, que A.D. no había permitido que el psicólogo nominado por el tribunal viera a la menor, que su comportamiento había finalizado con la cancelación de la figura paterna, que los servicios sociales, en la relación del 6 de junio del 2005 habían tenido en consideración solamente las declaraciones de la madre ignorando la versión de los hechos del recurrente. De los documentos presentados por el Gobierno resulta que entre agosto del 2005 y diciembre del 2005, sobre 16 encuentros organizados por los servicios sociales, el recurrente se encontró con su hija solamente diez veces. Entre enero y febrero del 2006, los encuentros programados no tuvieron lugar, en cuanto A.D. no se había presentado. Con dictamen del 8 de mayo del 2006 el tribunal de Campobasso ordenaba a A.D. no obstaculizar el ejercicio del derecho de visita por parte del recurrente. Se observaba que A.D. impedía el desarrollo de los encuentros y en particular que en agosto no se había producido ningún encuentro. Ordenaba además que los servicios sociales de Termoli organizaran en su sede, en presencia de otro psicólogo, los encuentros que no habían tenido lugar entre el 2005 y el 2006. Con fecha de 11 de abril de 2006 los servicios sociales informan al tribunal que entre el 10 de enero al 21 de marzo el psicólogo había podido encontrar a la menor solamente cinco veces siempre en presencia de la madre y S. no quería oir hablar de su padre.
El 27 de mayo del 2006 el tribunal de Campobasso constataba que lo decretado el 8 de marzo del 2006 no había sido respetado y que la madre había actuado de forma de truncar cualquier relación entre el padre y S. Se ordenaba a los servicios sociales de Termoli proveer organización los encuentros que el tribunal había dispuesto y que los servicios mismos no habían efectuado.
En junio del 2006 el recurrente se encontraba con el psicólogo de los servicios sociales, pero A.D. no se presentaba al encuentro y no llevaba A S. El 26 de septiembre del 2006 el psicólogo de los servicios sociales presentaba un relato sobre la situación de la menor, en la cual decía que , entre junio y septiembre, sobre diecisiete encuentros previstos solamente se tuvieron once. El observaba que S. no aceptaba al padre y que este se mostraba muy critico y rigido en sus relaciones con los servicios sociales. La madre de la menor habría confesado que nunca hablaba del recurrente a S. porque no quería traumatizar a la menor, demasiado joven para comprender la situación. El psicólogo agregaba que, incluso mostrando gran simpatía y gran atención en las contactos con S. la madre no colaboraba con el desarrollo entre padre e hija. El 6 de noviembre del 2006 el psicólogo nombrado por el tribunal en calidad de perito presenta un informe en el que sugería que la madre siguiera un programa mantenimiento psicológico y que en tanto que el derecho de visita del recurrente no fuera respetado, debería modificarse la modalidad de custodia de la menor. El 15 de diciembre del 2006 el tribunal, basándose en dicho informe, ordenaba a la madre de la menor que siguiera el programa aconsejado por el psicólogo. Entre el 2006 y el 2007, el recurrente se veía con la menor solamente de vez en cuando unos pocos minutos por vez, a causa de la hostilidad de A.D. durante los enfrentamientos de tales encuentros. Con dictamen del 9 de febrero del 2007 el tribunal ordenaba a A.D. proseguir su programa de apoyo psicológico Y  permitir los encuentros entre el recurrente y S. El 30 de mayo del 2007 el recurrente presentaba un nuevo recurso en el tribunal de Campobasso. El denunciaba la falta de respeto a su derecho de visita, atribuyéndoselo a la oposición de la madre y a la inercia de los servicios sociales, subrayaba el cambio de comportamiento de S. la que, al principio estaba de buena disposición y al encontrarlo, en seguida cambiaria a un comportamiento agresivo en los encuentros. Además pedía la custodia de la menor. El 17 de julio del 2007 el tribunal confirmaba que los encuentros entre el recurrente y S. deberían hacerse en Campobasso y que A.D. debía proseguir con su programa de apoyo psicológico. En el mes de agosto del 2007, el recurrente se encontró con S. cuatro veces. El 10 de diciembre del 2007 el tribunal de Campobasso comprobaba que A.D. estaba siguiendo un programa de apoyo psicológico y la invitaba a continuar. Se disponía la custodia conjunta de la menor y encargaba a los servicios sociales organizar tres encuentros al mes en Termoli y uno en Roma en presencia de un asistente social. Ordenaba a A.D. que animara a la menor a encontrarse con el recurrente. Los servicios sociales organizaron uno solo de los encuentros previstos en Roma. El 10 de julio de 2008 el recurrente impugnaba lo dispuesto el 10 de diciembre ante la corte de apelacions. El afirmaba que S. había sufrido un daño irreparable debido a la obstinada resistencia opuesta por la madre y pedía que la menor pudiera vivir en Roma. La corte de apelaciones encargaba a un perito que reexaminara la situación de la menor. El perito concluye que la menor sufriría de una depresión infantil y subrayaba la necesidad de que la misma tuviera un vinculo con el padre. Con dictamen del 27 de junio del 2009, la corte de apelaciones de Campobasso confirmaba el decreto del tribunal y ordenaba a los servicios sociales que den actuación al derecho de visita según la modalidad establecida. Durante el verano del 2009 el recurrente pasaba una tarde en la playa con S. en presencia del perito nombrado por la corte de apelaciones para convencer a A.D. A continuación hubo algunos encuentros en presencia de la madre. En la fecha del 20 de agosto del 2009 los servicios sociales informaban a la corte de apelaciones que no había sido organizado ningún encuentro en Roma y que el padre había pasado algunos fines de semana en Termoli para poder estar junto a su hija. Ellos explicaban que la menor temía que el padre pudiera alejarla de la madre y pedían al tribunal que se vigilara el bienestar de la menor, la cual estaría traumatizada por una presunta agresión del recurrente, en ocasión de uno de los encuentros. Con dictamen del 5 de noviembre del 2009 el tribunal de Campobasso reclamaba la necesidad de que todas las partes se ajustaran al precedente dictamen del 27 de junio del 2009, sugiriendo prever un apoyo psicológico para la menor, a fin de superar su resistencia a los encuentros con el padre. El recurrente se comunica con los servicios sociales para lamentarse por la ausencia de asistentes sociales durante los encuentros. En un relato, presentada el 14 de enero del 2010 los servicios sociales afirman que la carencia de personal disponible sábado y domingo no había podido asegurar el desarrollo de los encuentros. El 24 de febrero del 2010 el procurador de la Republica en el tribunal de minoridad de Campobasso pedía la suspensión de los encuentros entre el recurrente y la menor. El 13 de mayo del 2010 el tribunal de Campobasso rechazaba el pedido del procurador argumentando que una decisión de esa índole tendría el efecto de anular el trabajo desarrollado durante varios años y de empeorar el conflicto entre los progenitores. Se encarga a los servicios sociales de tener previsto un programa de apoyo psicológico para S. y de asegurar el respeto del derecho de visita. Entre mayo y noviembre desgraciadamente volvieron las quejas del recurrente a los servicios sociales, no se había organizado ningún encuentro. El 9 de agosto del 2010 el recurrente pedia al tribunal que haga respetar el anterior dictamen y que intervenga para que èl pudiera encontrarse con su hija. Con nota del 24 de agosto del 2010 el tribunal de Campobasso confirmaba a los servicios sociales de Termoli que no se había decidido ninguna suspensión de los encuentros y que en consecuencia los mismos debían tener lugar según la modalidad ya establecida por la corte de apelaciones en junio del 2009. Con dictamen del 27 de octubre del 2010, el tribunal observaba que las relaciones entre el recurrente y S. estaban interrumpidas de hecho, y que eso perjudicaba a la menor pero constata que el precedente dictamen emitido por la corte de apelaciones el 25 de junio del 2009 en relación al derecho de visita no había sido modificado. Con fecha del 3 de enero del 2011 los servicios de Termoli envían al tribunal de Campobasso un relato actualizado sobre la situación de la menor, refiriendo en particular que la madre estaba dispuesta a colaborar y que el padre mostraba un comportamiento polémico, que resultaba nefasto para la menor. El 17 de enero del 2011 los servicios sociales comunicaban al tribunal que la menor proseguía el programa de apoyo psicológico y que rechazaba hablar con el padre. El psicólogo informaba por otra parte al tribunal que no había sido posible organizar un encuentro con el padre, no obstante las convocaciones escritas dirigidas al mismo. El 21 de enero del 2011 los servicios sociales invitan a los dos progenitores de la menor a fijar el calendario de los encuentros. El recurrente que había sufrido una operación no se presenta. El 12 de abril del 2011 los servicios sociales que en el mes de marzo del 2011 el recurrente no se había presentado a los encuentros fijados. En el relato presentado el 3 de octubre del 2011 los servicios sociales comunican al tribunal que la menor aceptaba ver al padre y que durante el verano los encuentros previstos habían tenido lugar efectivamente. Con dictamen del 17 de noviembre del 2011 el tribunal de Campobasso verifica que en el último periodo la madre no se había opuesto a los encuentros y que en el tratamiento psicológico seguido por la menor era positivo. Constatando que los progenitores no habían presentado ningún pedido, ordenaba a los servicios sociales que vigilaran que la menor siguiera el programa de apoyo psicológico y archivaba los procedimientos penales promovidos contra A.D. El 28 de mayo del 2007 A.D. fue condenada a un mes de reclusión con la suspensión condicional por inobservancia de las decisiones del tribunal sobre derechos de visita. El 12 de octubre del 2010 la susodicha fue condenada por calumnia y difamación a un año y seis meses de reclusión con suspensión condicional. El 17 de enero 2011 fue nuevamente condenada a una multa por inobservancia de las decisiones emitidas por el tribunal de menores.
El recurrente lamenta una violación de su derecho a respetar la vida familiar, puesto que no obstante las múltiples decisiones emitidas por el tribunal de menores sobre la modalidades del ejercicio del derecho de visita, no haber podido ejercitarse plenamente tal derecho a partir del 2003. El contesta a los servicios sociales que se han tomado una autonomía excesiva en la ejecución de las decisiones del tribunal de menores y a este último de no haber ejercitado como debería haberlo hecho, un control constante sobre el trabajo de los servicios sociales a fin de que la conducta de los mismos no hiciera inefectivas las decisiones del tribunal. Denuncia, además, total inercia demostrada, con los largos periodos, de los servicios sociales que habrían demandado para que la madre de la menor cumpla deberes, que ellos esperaban o sea la gestión de los encuentros. En fin, el recurrente subraya que el tiempo transcurrido ha tenido consecuencias muy graves para su relación con S. Invoca el artículo 8 de la Convención, que dice << 1. Toda persona tiene derecho al respeto por la propia vida(….) 2. No puede haber ingerencia de una autoridad pública en el ejercicio de tal derecho al menos que tal ingerencia este prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, a la seguridad pública, al bienestar económico del país, a la defensa del orden Y a la prevención de delitos, a la protección de la salud o de la moral o a la protección de los derechos y la libertad de todos.  El gobierno contesta la tesis del recurrente.

A. sobre la aceptabilidad. El gobierno sostiene que el presente recurso es inadmisible por falta de haber agotado los recursos internos, en cuanto el recurrente tendría que haber recurrido al juez tutelar. Estos estarían especializados en la ejecución de las medidas dirigidas a la protección de la familia y en caso de obstáculos en el derecho de visita, podría pedir la intervención de cada organismo e institución necesario para la ejecución de la medida. Además, el Gobierno contesta que la decisión interna definitiva en la causa en cuestión del decreto del tribunal de menores de Campo Basso fechado el 27 de octubre del 2010, en tanto el tribunal habría dispuesto la forma de proceder ya que el hecho constitutivo de la demanda en la que la suspensión de las visitas a la menor no persistía. El tribunal habría en efecto revelado que no había sido dispuesta ninguna suspensión del derecho de visita. Indicar el decreto del 27 de octubre del 2010 como decisión interna definitiva consienta según el Gobierno cumplir las obligaciones previstas del articulo 35 § 1 de la Convención.

 El recurrente alega que recurrió tres veces en el 2003 y en el 2004 al juez tutelar de Termoli (párrafos 9-13 de más arriba). Con tres decisiones, el juez tutelar habría ordenado que los encuentros entre padre e hija se hicieran en la sede de los servicios sociales de Termoli. A tales decisiones no se les dieron seguimiento y las estructuras públicas habrían mostrado total indiferencia al cumplimiento. Con respecto al decreto del 27 de octubre 2010, el recurrente afirma que el tribunal se limito a ordenar a los progenitores de la menor dar conformidad al decreto de la corte de apelación del 25 de junio del 2009. El agrega que tal decisión fue emitida después de meses de total ausencia de noticias de su hija. Según el recurrente, el decreto del 27 de octubre del 2010 ha representado para la autoridad judicial nacional una ocasión perdida de intervenir concretamente para poner remedio a la violación de sus derechos fundamentales. Respecto al primer aspecto de la excepción del Gobierno, la Corte observa ante todo que el recurrente se ha dirigido en tres ocasiones al juez tutelar y que tal circunstancia ha sido mencionada por el Gobierno mismo en sus observaciones complementarios sobre la aceptabilidad del recurso. El juez tutelar ha ordenó que los encuentros tuvieran lugar en la sede de los servicios sociales de Termoli en presencia de un asistente social y de la madre de la menor. No se puede por lo tanto responder al recurrente que no se dirigió al juez tutelar. En cada caso, la Corte retiene que la iniciativa sugerida por el Gobierno habría podido conducir solo a una decisión que se ordena a los servicios sociales que intervengan, como ha sucedido en este caso. La Corte constata, además que el Gobierno no ha indicado que medida <<necesaria >> hubiera podido haber adoptado el juez tutelar a fin de hacer respetar el derecho de visita del recurrente. En consecuencia se retiene que este primer aspecto de la excepción debe ser respetado. Respecto al segundo aspecto de la excepción, la Corte comenta que la decisión del tribunal de minoridad relativa al derecho de visitas son definitivas y por lo tanto pueden ser modificados en cualquier momento en función a los eventos vinculados a la controversia. En el caso en cuestión se observa que el recurrente tenía a su disposición tal vía de recurso para reclamar las interrupciones de los contactos con su hija. En consecuencia no se pone en el caso en cuestion ningún problema de observancia del término de seis meses. La Corte observa por otra parte que no fue si no a fines del 2010, el recurrente no ha podido ejercitarse plenamente su derecho de visita. Por lo tanto la Corte entiende que la excepción sostenida por el Gobierno debe ser rechazada. La Corte constata que el recurso no es manifiestamente infundado en el sentido del articulo 35 § 3 a) de la Convencion y entiende por lo tanto que no se incurre en otros motivos de inadmisibilidad. Es por lo tanto oportuno declararlo admisible.

B. Sobre el merito

1. Tesis de las partes

a) El recurrente declara que promovió su primer recurso ante el tribunal de menores de Roma en el 2003 a fin de oponerse a la solicitud de custodia exclusiva de la menor, presentada por la madre al fin de obtener el derecho de visita. El afirma que a la decisión del mencionado tribunal, emitida el 9 de julio del 2003, han hecho seguir los procedimientos ante el juez tutelar de Termoli en el ámbito del cual el recurrente habría pedido la ejecución efectiva de la decisión en cuestión, en particular la actuación de las disposiciones relativas a los encuentros con su hija, y sucesivamente el procedimiento ante la corte de apelaciones de Roma. En el curso de este último procedimiento el perito nombrado por la corte de apelaciones habría escrito un primer relato en el que se evidenciaban numerosas dificultades halladas por el padre en los encuentros con su hija y se recomendaba de forma precisa la intervención de terceras personas competentes, intervención cosiderada muy importante por el perito para el desarrollo positivo de los encuentros entre padre e hija. Según el recurrente dicha recomendación no se pusieron en práctica por parte de los servicios sociales de Termoli. En lo que concierne a los otros procedimientos ante el tribunal de menores y ante la corte de apelaciones de Campobasso, el recurrente sostiene que el numero de audiencias demuestra la larga duración de los procedimientos y que la persistencia de la violación a su derecho al respeto de la vida familiar le ha provocado un daño todavía más grave e irreparable. Los jueces habrían nombrado peritos psicológicos a fin de examinar la situación familiar y proponer soluciones pero las decisiones de las autoridades judiciales no habrían tenido suficientemente en cuenta las recomendaciones de los perito. En particular las modalidades de la custodia y la estructura de los servicios sociales, que uno de los peritos había percibido inadecuadas, no habrían sido modificadas. Ademas si bien en Roma fue organizado un solo encuentro, el tribunal de menores de Campobasso habría continuado encargando la misma estructura de Roma para la organización de los encuentros, sin que la decisión en cuestión fuese jamás realizada. El recurrente se refiere luego a que pudo ver a su hija ente el 2004 y el 2007 solo en alguna ocasión y por tiempo breve. En la decisión emitida el 27 de mayo del 2006 el tribunal de minoridad de Campobasso, después de haber constatado que los encuentos previstos no habían tenido lugar, habría pedido una intervención inmediata de los servicios sociales a fin de organizar los mismos. Los encuentros finalmente organizados se habrían transformado en cada vez más breves hasta desvanecerse por completo y eso al decir del recurrente con completa indiferencia de los servicios sociales. Al respecto el recurrente entiende que en esa época la menor estaba en custodia de los servicios sociales, después de lo decretado en el 2007 no se habría organizado ningún otro encuentro en Roma. En lo que concierne al último procedimiento ante el tribunal de la minoridad de Campobasso, el recurrente dice, que el tribunal había dejado a los dos progenitores la tarea de organizar los encuentros entre padre e hija y había encargado a los servicios sociales de Termoli y Roma que vigilar su desarrollo. El único elemento nuevo habría estado representado por la actuación de un programa de apoyo psicológico en beneficio de la menor. En lo que respecta al rol jugado por los servicios social en en este periodo, el recurrente observa que los mismos habían declarado que no estaban específicamente encomendados por el tribunal o la corte de apelaciones, a organizar encuentros, agregando que los encuentros faltantes entre padre e hija se debían exclusivamente a los problemas existentes entre los progenitores. En lo que respecta a los desarrollos recientes de su relacion con S. el recurrente habla de un tímido reinicio de encuentros con S. De todas maneras estos se caracterizaron por numerosas dificultades debidos al comportamiento de A.D. que sin respetar las decisiones judiciales, cambiaba el lugar de las citas y abreviaba la duración de los encuentros. El recurrente subraya ante la Corte la circunstancia de no haber tenido una relación estable con su hija. Esta situación se debería sobre todo a la falta de diligencia, de atención y de imparcialidad de las autoridades nacionales competentes. Estas últimas no habrían adoptado todas las medidas necesarias a fin de conseguir un justo equilibrio entre los distintos intereses en juego. El único interés efectivamente salvaguardado durante años por las autoridades publicas y particularmente por los servicios sociales, serian los intereses de la madre de S.

b) El Gobierno responde a las afirmaciones del recurrente. Reasumiendo las medidas adoptadas en el caso en cuestión por el tribunal de minoridad y de la corte de apelaciones, se afirma que las autoridades nacionales habían operado con todos los medios útiles a fin de conseguir la re-vinculación entre la menor y el padre. Se observa que respecto a la diligencia de las autoridades competentes en las actuaciones por el derecho de visita, la actividad instructoria de las mismas fue solícita. Al respecto precisa que los progenitores de la menor han sido escuchados más veces y que en el curso de las audiencias las cuales al parecer del Gobierno fueron numerosas y se adoptaron nuevos decretos. El Gobierno afirma a continuación que un procedimiento articulado y complejo como este caso tratado, estaba dirigido a reconstruir en el superior interés de la menor, los vínculos familiares los cuales no habrían sido destruidos por el estado, aunque si estaban influidos negativamente por las dificultades de la relación entre los progenitores de la menor. Respecto a eso subraya que los jueces han pedido ayuda a los servicios sociales y a peritos en psicología con el fin de estudiar la situación, de oir a los progenitores y a la menor y encontrar la solución más adecuada al fin de dar a la menor contexto relacional en la que vivir y crecer. Después de haber tomado conocimiento de las descripciones de los expertos, los jueces habrían adoptado numerosas decisiones privilegiando las medidas menos traumáticas para la menor. Según el Gobierno la Corte no pudo sustraerse a las autoridades nacionales con el fin de valuar aquello que es mejor para un menor sin influir de forma excesiva en el margen de participación del Estado. En la presente causa, la puesta en juego no consistiría solo de la investigación de un justo equilibrio entre los intereses mencionados aunque en los limites del control ejercitado de la Corte sobre las sentencias de los jueces nacionales. La Corte dispondría ciertamente del poder de verificar que las motivaciones de las decisiones sobrepuestas a su examen no aparecen manifiestamente irracionales o arbitrarias. Por el contrario no tendría facultad de formular una hipótesis propia y proceder a una reconstrucción de los hechos o proponer de criterios propios, sustituyendo el propio convencimiento a aquel juez nacional. En consecuencia el Gobierno defiende la legitimidad y la utilidad de las medidas adoptadas. Las autoridades competentes habrían ejercitado una vigilancia constante por el interés de la menor y de sus progenitores. Todas las medidas adoptadas en el caso en cuestión serian justificadas por la necesidad que las autoridades nacionales se mostraran equidistantes respecto a los dos progenitores, en el exclusivo interés de la menor. Sobre la asistencia prestada por las autoridades nacionales para asegurar la regularidad de los encuentros entre el recurrente y S. el Gobierno subraya las medidas tomadas para superar los obstáculos puestos por la madre a los encuentros entre el padre y la menor: La modificación de la modalidad de custodia, la disponibilidad de la sede y del personal, la intervención continua de los servicios sociales mediante acciones de mediación, coloquios con los progenitores y el programa de apoyo psicológico realizado por todos los miembros de la familia. Según el Gobierno medidas más drásticas podrían haber traumatizado a la menor, alejándola de la madre. Respecto a las decisiones penales concernientes a A.D. a las que se refiere el recurrente, el Gobierno sostiene que no se trata de sentencias definitivas. No sería por lo tanto posible sostener ante la Corte la <<responsabilidad>> de A.D. Por otra parte dichas condenas demostrarían que no hubo ninguna inercia de parte de las autoridades nacionales y que en el caso en cuestión no se evitaron el recurso de las sanciones, en casos de comportamientos manifiestamente ilegales del progenitor conviviente con la menor. El Gobierno en resumen desestima las afirmaciones del recurrente, según las cuales los servicios sociales jamás han trabajado para facilitar los encuentros entre el recurrente y S. El parecer del Gobierno es que los servicios sociales por el contrario trabajado no obstante la relación conflictual entre progenitores demostrando una rigurosa imparcialidad en las confrontaciones entre los mismos, en el interés de la menor.

2. Valuaciones de la Corte Como la Corte ha dicho otras veces, si el articulo 8 tiene esencialmente por objeto la protección del individuo que se abstenga de tales ingerencias : a tal obligación negativa pueden agregarse obligaciones positivas atinentes a un efectivo respeto de la vida privada o familiar. Ellas pueden implicar la adopción de medidas conducentes al respeto de la vida familiar, inclusive las relaciones reciprocas entre los individuos, y la predisposición de instrumentos jurídicos adecuados y suficientes para asegurar los legítimos derechos de los interesados, el respeto de las decisiones judiciales y la toma de medidas especificas apropiadas (véase mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 junio 2005). Tales instrumentos jurídicos deben permitir al Estado adoptar medidas para reunir a progenitor e hijo, también en presencia de conflictos entre los progenitores (véase mutatis mutandis, IgnaccoloZenide c. Rumania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 y 40104/98, § 68, 24 abril 2003, Zavřel c. Repubblica checa, n. 14044/05, § 47, 18 enero 2007, y Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 enero 2006).

Se entiende que las obligaciones positivas no implican solamente que se vigile a fin de que el menor pueda alcanzar al progenitor o mantener contacto con él, también comprenden todas las medidas tendientes a prevenir la ausencia de tales resultados. (Vease, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febrero 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 mayo 2009, Ignaccolo-Zenide, arriba citada, §§ 105 e 112, y Sylvester, arriba citada, § 70). Para que sean adecuadas, las medidas tendientes a reunir progenitor e hijo deben ser actuar rápidamente puesto que el transcurso del tiempo puede traer consecuencias irremediables en la relación entre el menor y el progenitor no conviviente. (Véase, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, arriba citada, § 102, Maire c. Portugal, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003-VII, Pini y otros c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004-V (estratti), Bianchi c. Suiza , n. 7548/04, § 85, 22 junio 2006, y Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 septiembre 2010). Examinando la presente causa resalta ante todo que al momento de la separación el recurrente y su ex compañera no habían llegado a un acuerdo sobre la modalidad de ejercicio del derecho de visita por parte del padre. Se observa que la madre de la menor A.D., se opuso rápidamente al ejercicio del derecho de visita por parte del recurrente y que presentó en el 2003 en el tribunal de menores demanda de custodia exclusiva de la menor. El tribunal acoge dicha demanda acordando al recurrente el derecho de visita a ejercitarse dos tardes por semana, un fin de semana de dos sin pernoctar hasta los tres años de edad de la menor, tres días en Pascua, seis días en navidad y diez dias durante las vacaciones de verano. Entre el 2003 y el 2004, el recurrente recurrió tres veces al juez tutelar, señalando las dificultades encontradas para ejercitar su derecho de visita. El juez tutelar se limitó a confirmar el decreto del tribunal. Frente a la imposibilidad de ejercitar su derecho de visita, el recurrente impugnó el decreto frente a la corte de apelaciones, la cual ordenó que los encuentros, de tres tardes por mes se realizaran en la sede de los servicios sociales de Campobasso. En el mes de julio del 2005 por pedido del recurrente, el tribunal limitó la potestad parental de la madre, dispuso la custodia de la menor a los servicios sociales y autorizo al recurrente a encontrarse con la menor. Se critica el comportamiento de los servicios sociales que en el relato del 6 de junio del 2005 habían tenido cuenta la declaraciones de la madre, ignorando las del padre. De todas maneras no obstante esta decisión el recurrente no pudo ejercitar plenamente su derecho de visita. En los meses de marzo y mayo del 2006 el tribunal se pronunció nuevamente, constatando la falta de ejecución de los decretos precedentes, causada por los obstáculos puestos por la madre al desarrollo de los encuentros. Solo en diciembre del 2006 el tribunal, después de haber constatado más veces que los decretos precedentes no se respetaba ordenó a A.D. seguir el programa de apoyo psicológico. La Corte reflexiona que el hecho de que los esfuerzos de las autoridades hayan sido vanos no implica automáticamente que el Estado haya desatendido las obligaciones positivas derivadas del artículo 8 de la Convención (véase mutatis mutandis, Mihailova, sopra citata, § 82). En efecto, la obligación de las autoridades nacionales es adoptar medidas idóneas para revincular el padre y el hijo no convivientes no es lo único la comprensión y la cooperación de todas las personas involucradas constituyen siempre un factor importante. Si bien autoridades nacionales deben empeñarse en facilitar tal colaboración, la obligación principal de las mismas al recurrir a la coerción en la materia no pude más que ser limitado: se deben tener en cuenta los intereses, los derechos y la libertad de dichas personas y en particular del interés superior del menor y de los derechos conferidos al mismo del artículo 8 de la Convención (Voleský c. Repubblica ceca, n. 63267/00, § 118, 29 junio 2004). Como se observa constantemente en la jurisprudencia de la Corte, es necesario gran prudencia antes de recurrir a la coerción en una materia tan delicada (Reigado Ramos c. Portugal no 73229/01, § 53, 22 noviembre 2005) y el artículo 8 de la Convención no autoriza a los progenitores a adoptar medidas perjudiciales para la salud y el desarrollo del menor (Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, §§ 49-50, CEDU 2000-VIII). El punto decisivo consiste considerar las medidas que las autoridades nacionales hayan adoptado, con el fin de facilitar el derecho de visita, cada medida necesaria que se pueda razonablemente exigir de ellas. (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, § 128, CEDU 2000-VIII).  En el caso en consideración, la Corte resalta que frente a la imposibilidad de ejercitar su derecho de visita, el recurrente nuevamente acudió al tribunal el 30 de mayo del 2007 señalando que la hija se había transformado en agresiva y no estaba dispuesta a verse más con él. La Corte sostiene que las carencias resaltadas aparecen todavía más graves a causa del tiempo transcurrido, lo cual teniendo en cuenta la edad de la menor y del contexto familiar perturbado, produjo efectos negativos sobre la posibilidad de que el recurrente se relacionara con su hija.  En el 2007 el tribunal al cual el recurrente se había dirigido, dispuso la custodia compartida de la menor y encarga a los servicios sociales organizar los encuentros en Termoli y Roma (§ 30 supra). En el 2009 la corte de apelaciones se limitó a ordenar a los servicios sociales que aseguraran el ejercicio del derecho de visita del recurrente. Con el decreto del 5 de noviembre del 2009, el tribunal insiste de nuevo en la necesidad de que las partes den ejecución al decreto precedente, sugiriendo que la menor siguiera un programa de apoyo psicológico, a fin de vencer la resistencia opuesta por ella a los encuentros con el padre.
Entre el 2009 y el 2010 el recurrente acudió más veces al tribunal para que su derecho de visita sea respetado. En el mes de octubre del 2010 el tribunal declaro que los encuentros se habían interrumpido de hecho.  Solamente en el 2011 la madre comenzó a no oponerse más a los encuentros. En consecuencia en el mes de noviembre del 2011, el tribunal decidió la clausura del Procedimiento y ordenó a los servicios sociales que vigilen la prosecución del programa de apoyo dispuesto para beneficio de la menor. Es oportuno mencionar que en una causa análoga lo adecuado de una medida ha sido evaluada en base a la rapidez de su actuación (Maire, arriba citada, § 74, y Piazzi c. Italia, n. 36168/09 § 58, 2 noviembre 2010). En el caso en cuestión la Corte observa que, según el Gobierno, el comportamiento de los servicios sociales y del tribunal se explica por la voluntad de no traumatizar a la menor y que según el Gobierno, las autoridades judiciales nacionales siempre se pronunciaron sobre los pedidos del recurrente y adoptaron todas las medidas necesarias para favorecer los contactos entre el interesado y la hija. La Corte observa que, si bien el recurrente hubiera acudido mas veces al tribunal, a partir del 2003 cuando la menor tenia dos años la ejecución de las decisiones judiciales, el tribunal se hubiera limitado a constatar la falta de ejecución de los anteriores decretos. Así en vez de adoptar medidas tendientes a efectivizar el derecho de visita del recurrente, el tribunal se limitó a tomar conocimiento de la situación de la menor y ordenar mas veces a los servicios sociales la prosecución del programa de apoyo psicológico primero de la madre y luego de la menor. La Corte afirma al respecto que no es su tarea sustraerse a las evaluaciones hechas por las autoridades nacionales competentes, sobre las medidas a adoptar en tanto tales autoridades pueden desde un principio efectuar más eficazmente tal evaluación en particular porque las mismas están en contacto directo con el contexto de la causa y con las partes involucradas (Reigado Ramos c. Portugal, citada arriba, § 53). De todas formas no se puede ignorar la circunstancia de que en el caso en cuestión el tribunal observó muchas veces que la falta del ejercicio del derecho de visita del recurrente era imputable a la madre. Además observa que el tribunal esperó al 2006 para ordenar a A.D. que siguiera un programa de apoyo y al 2009 para disponer que la menor también siguiera dicho programa. La Corte reconoce que las autoridades se encontraban en el caso en cuestión frente a una situación muy difícil, debida específicamente a la tensión entre los progenitores de la menor. Se sostiene de todas maneras que la falta de colaboración entre los progenitores separados no puede dispensar a las autoridades competentes de adoptar cualquier medio para mantener los vínculos familiares (Véase mutatis mutandis, Reigado Ramos, citada arriba, § 55). En el caso en cuestión las autoridades nacionales en cambio no han hecho todo lo que se podía razonablemente hacer, desde el momento que el tribunal delegó la gestión de los encuentros a los servicios sociales. Ellos hicieron menos de lo que era su deber de adoptar medidas practicas para inducir a los interesados a una mejor colaboración, teniendo por supuesto el superior interés de la menor (Zawadka, citada arriba, § 67).

 La Corte observa, además que el desarrollo del procedimiento frente al tribunal evidencia desgraciadamente una serie de medidas automáticas y estereotipadas, tales como los pedidos de información y la delegación de la función de control a los servicios sociales, a los cuales se les ordenaba hacer respetar el derecho de visita (Piazzi, citada arriba, § 61).
Las autoridades dejaron así que se consolidara una situación de hecho generada por la inobservancia de las decisiones judiciales, mientras por el simple transcurso del tiempo derivaban consecuencias en la relación del padre con la menor. No parece que las autoridades siquiera hayan ordenado a los progenitores que siguieron una terapia familiar (Pedovič c. Republica checa, n. 27145/03, § 34, 18 julio 2006), ni que hayan dispuesto el desarrollo de los encuentros en una estructura especializada (Véase, por ejemplo, Mezl c. Repubblica checa, n. 27726/03, § 17, 9 enero 2007, y Zavřel, arriba citada § 24). La Corte constata que tenida en cuenta la tierna edad de la menor en el momento de la separación de los progenitores, tal interrupción de contacto con el padre, seguida de un derecho de visita limitado por el deficiente desenvolvimiento de los encuentros programados, ha hecho imposible al recurrente construir una relación estable con S. En estas circunstancias la Corte advierte que frente a tal situación, las autoridades deberían haber adoptado medidas más directas y especificas conducentes a restablecer el contacto entre el recurrente y la hija. En particular la mediación de los servicios sociales debería haber sido utilizada para animar a las partes a colaborar y los servicios sociales deberían haber organizado según lo dispuesto por los decretos del tribunal, los encuentros entre el recurrente y la hija incluyendo los que debían realizarse en Roma. Las autoridades judiciales nacionales en cambio no adoptaron ninguna medida adecuada con el fin de crearen el futuro las condiciones necesarias para el efectivo ejercicio del derecho de visita del recurrente (Macready c. Repubblica checa, nn. 4824/06 y 15512/08, § 66, 22 abril 2010, y Piazzi, citada arriba, § 61). Teniendo en cuenta lo que precede y no obstante el margen de proximidad del Estado convenido en la materia, la corte sostiene que las autoridades han omitido profundizar un empeño adecuado y suficiente para hacer respetar el derecho de visita del recurrente violando de tal modo su derecho al respeto de la vida familiar garantizado en el articulo de la Convención.

Por lo tanto ha existido violación de la citada disposición.

II SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 41 DE LA CONVENCIÓN En el articulo 41 de la Convencion “La Corte declara que ha habido violación de la Convención o de su protocolos y el derecho interno de la Alta Parte contrayente no permite remover las consecuencias de tales violaciones, la Corte acuerda, en el caso, una equitativa satisfacción a la parte lesionada”

A. Daños  El recurrente pide el resarcimiento del daño moral, debido a la imposibilidad de tener una relación estable con hija y de la angustia generada por tal situación. El pide 230.000 euros en ese concepto. El Gobierno se opone a tal petición y denuncia la naturaleza <<financiera>> de recurso. Habida cuenta de las circunstancias del caso en cuestión y de la constatada imposibilidad del recurrente de construir una relación estable con la hija, la Corte considera que el interesado  sufrió un daño moral que no puede ser reparado con la simple constatación de la violación del artículo 8 de la Convención. Se entiende que de todas maneras la suma pedida a tal titulo es excesiva. Considerados todos los elementos de su proceso y deliberando en forma equitativa, como se prevé en el artículo 41 de la Convención, la Corte acuerda al interesado 15.000 euros por el daño moral.

B. Gastos El recurrente pide por otra parte 7.034 euros por los gastos afrontados frente a las autoridades judiciales nacionales y 8.788 euros por los gastos afrontado frente a la Corte. Pide además 12.000 euros por los gastos afrontados por los viajes y las estadías en Campobasso, hechas para asistir a las audiencias en los tribunales y a la corte de apelaciones. El Gobierno pide a la Corte no aceptar este pedido. Según la jurisprudencia de la Corte, un recurrente puede obtener el reembolso de los gastos afrontado solamente en la medida estén de acuerdo a la realidad y la necesidad, y el importe sea razonable. En el caso en cuestión tenida en cuenta los documentos en su posesión y de la jurisprudencia, la Corte entiende razonable la suma de 10.000 euros a titulo de reembolso para todos gastos y lo asigna al recurrente.

C. Intereses moratorios. La Corte entiende oportuno establecer la tasa de los intereses moratorios en base a la tasa de interés de las operaciones de refinanciamiento marginal de la Banca central europea de tres puntos porcentuales.

POR ESTOS MOTIVOS, LA CORTE EN UNANIMIDAD,

1. Declara el recurso admisible.

2. Declara que ha habido violación del artículo 8 de la Convención.

3. Declara

a) que el Estado debe dar al recurrente dentro de los tres meses a transcurrir a partir de la fecha que la sentencia fuera definitiva de acuerdo al artículo 2 de la Convención las siguientes sumas: 15.000 euros más el importe eventualmente debido a titulo de compensación por el daño moral, 10.000 euros más el importe eventualmente debido a titulo de compensación al recurrente por los gastos.

b) que dichos  términos y hasta el pago de tal importe se establece intereses simples a una tasa equivalente a las de las operaciones de refinanciamiento de la Banca central europea aplicable durante ese periodo, aumentado en tres puntos porcentuales.

4. Se rechaza la demanda de satisfacción equitativa para el resto. Hecha en francés y comunicada por escrito en la fecha del 29 de enero del 2013 en aplicación del artículo  2 y 3 del reglamento.

FINALIZA LA SENTENCIA.

Otra sentencia del TEDH: tras la demanda nº 25735/94

SENTENCIA ESTRASBURGO 13 de julio de 2000 Caso Elholz VS Alemania

LAS OBSERVACIONES QUE SE PUEDEN HACER DESPUES DE LEER ESTO SON LAS SIGUIENTES.

1) En Italia igual que en Argentina España y otros países la justicia de familia es negativamente asimétrica respecto al padre en casos de custodia de los niños. Si los dos progenitores fueran iguales ante la ley, ambos progenitores deberían compartir la custodia de los hijos, sin embargo sistemáticamente se le da la custodia a la madre y al padre se lo convierte en “una visita” que en muchos casos no puede “visitar” a su propio hijo. Obsérvese sino esta decisión de la corte de Roma, ante el pedido de la custodia exclusiva de su hija por parte de la madre, rápidamente el tribunal de Roma disponía la custodia exclusiva de la menor a A.D. (la madre) y concedía al recurrente (el padre). Pero súmese a esta asimetría que las visitas no se pudieron realizar por la oposición de la madre.

2) Los incumplimientos de la madre provocan reiterados reclamos por parte del padre y en vez de hacer cumplir lo establecido anteriormente los jueces establecen un nuevo régimen de visitas más restrictivo que el anterior y se recurre a los servicios sociales para que organicen los encuentros entre padre e hija Los servicios sociales actúan sin convencimiento y sin ecuanimidad y con lentitud de quelonio y no hay resultados concretos por lo tanto el padre no puede ver regularmente a su hija. LOS TRIBUNALES NO TOMAN MEDIAS CONCRETAS Y EFECTIVA CUANDO SE TRATA DE HACER CUMPLIR LOS DERECHOS DEL PADRE VARON.

3) Los tribunales pueden decretar regímenes de visitas más o menos justos pero, no hacen absolutamente nada para que se cumplan. Son ineficaces en hacer cumplir los derechos del padre, aduciendo a veces que se procede asi, para no traumatizar al niño, pero no actúan ante los incumplimientos de la madre, que hace lo que le viene en gana, bajo vista y paciencia de las autoridades de menores y los tribunales. En este caso pasan siete años sin que el padre pueda regularizar una relación con su hija. En los documentos se habla de poca colaboración de <LOS PROGENITORES> cuando en realidad es la madre la UNICA que se opone a los encuentros entre padre e hija.
4) Los servicios sociales actúan con absoluto desinterés y no ponen ningún empeño en que se cumplan los derechos de visita del padre SOLO OYEN Y ATIENDEN LOS INTERESES DE LA MADRE BAJO LA EXCUSA DEL MAYOR INTERES DEL NIÑO
5) No se tienen en cuenta las sugerencias de los psicólogos y solo se preservan los intereses de la madre (la única beneficiada por las autoridades). No hubo acciones de remediación y corrección, cuando la madre envenenaba la mente infantil de su hija quien debido a esto se volvió agresiva contra su padre. Hay parcialidad en la forma de redactar los informes en los que se dice que la relación entre padre e hija no se restablece por <FALTA DE COLABORACION DE LOS PROGENITORES> cuando en realidad los encuentros entre padre e hija no se concretaban por exclusiva oposición de la MADRE
6) Lo que se nota en este relato, es que las autoridades discriminan al padre actuando con total negligencia cuando se trata de hacer cumplir sus derechos de padre (cosa contraria sucede cuando se deben preservar los derechos de la madre) Con la excusa de proteger los superiores intereses del niño se deja pasar el tiempo haciendo que se produzcan deterioros irreversibles en las relaciones padre-hijo. CUANDO EXISTE UNA SENTENCIA ESTA DEBE CUMPLIRSE Y QUIEN NO LO HICIERE DEBERA SER CASTIGADO Y ESO INCLUYE A LA MADRE. El tiempo que los tribunales dejan transcurrir juegan en contra del padre.

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2 respuestas a El TEDH condena a Italia por violación del derecho de un padre a su vida familiar. (Sentencia original y traducciones)

  1. Marga dijo:

    Aqui no se contempla ,y es mucho peor, los padres que se desentienden de los hijos, ni visitas, ni nada de nada, y con 5 hijos que sufren el abandono del padre, y la desesperación de la madre. Que aunque dedique su vida al 100×100 a los hijos ,no da a basto y enferma cada vez más , pues la impotencia que crea la injusticia , en esta situación es impagable !. Quejas , recursos etc etc y ademas el padre sin pagar nada, al contrario robó a la madre ,( falsificando su firma) el piso propiedad de ella, pagado por abuelo materno, joyas etc todo esto durante 30 años, y aún se lleva esperando 4 años de la última reclamación de impago. Eso deja secuelas ¿quien es responsable?

    • Victor dijo:

      Me parece que no se trata de que es peor, sino de que la justicia debería actuar con imparcialidad en cualquier caso y de forma equitativa, Un saludo y animo

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