SUBVENCIÓN DIRECTA CONCEDIDA A LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS Y FINANCIADA POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

SUBVENCIÓN DIRECTA CONCEDIDA A LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS Y FINANCIADA POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Aptdo. 4.2 en págs. 83 a 92 del informe del Tribunal de Cuentas).

    “Desde el año 2007 hasta 31 de diciembre de 2009, la DGVG ha venido concediendo, con carácter anual, una subvención, en régimen de concesión directa, a la Fundación José María de Llanos con un importe total superior a los TRES MILLONES de euros.”

    “A juicio de este Tribunal de Cuentas las razones de interés público y social expuestas en la citada Memoria no justifican debidamente, tal y como exige el mencionado artículo 22.2.c) de la LGS, la concesión de forma directa de esta subvención a favor de la Fundación José María de Llanos.”

    “No queda acreditado en el expediente facilitado a este Tribunal de Cuentas la especialización de esta Fundación en la atención a la población en riesgo de exclusión social, así como la primacía de esta Fundación con respecto a otras instituciones que puedan dedicarse a estos fines sociales.”

    “la fundamentación basada en la posesión, mediante contrato de comodato, de la parcela reseñada no constituye razón justificativa suficiente que determine la concesión directa de esta subvención a favor de la citada Fundación, máxime cuando dicho título de posesión no parece el más idóneo para abordar la construcción de un centro de acogida con un presupuesto tan elevado.”

    “de acuerdo con la documentación obrante en el expediente facilitado a este Tribunal de Cuentas dicho convenio de colaboración no fue formalizado para la subvención de concesión directa del año 2007, lo cual supone un incumplimiento de lo estipulado en el citado artículo 2.3 del Real Decreto 1723/2007.”

    “La Memoria Explicativa, la Memoria Económica, el Informe sobre impacto por razón de sexo y la Memoria Justificativa del interés público y social de la subvención elaborados por la entonces Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer no fueron firmados ni rubricados por ningún órgano responsable. Con respecto a su contenido es idéntico a los informes emitidos para el Real Decreto del año 2007, a excepción de la Memoria Económica donde se establece que el compromiso del Estado es subvencionar un importe de 3.000.000 de euros, es decir, el 65,5% de la inversión cuyo total se cifra en 4.580.491 euros” (el Ayuntamiento de Madrid subvencionó el millón y medio restante).

    “No consta en el expediente facilitado a este Tribunal de Cuentas el Informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Igualdad, exigido por la Orden Ministerial comunicada, de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el procedimiento…”

    “Este Tribunal ha observado incongruencia en el clausulado de este convenio aplicable a la subvención del ejercicio 2008,…”

   “…durante el primer semestre del año 2009 no se celebró ninguna reunión de la citada Comisión incumpliéndose, por tanto, lo dispuesto en dicha cláusula.”

    “de acuerdo con la información obrante en el expediente, no consta que se haya celebrado ninguna reunión de la citada Comisión lo cual supone un incumplimiento de lo dispuesto en la citada cláusula quinta del Protocolo General”

    “a juicio de este Tribunal de Cuentas, esta falta de reuniones tanto de la Comisión de Seguimiento creada por este Protocolo General, como de la Comisión creada por el convenio formalizado con fecha 3 de octubre de 2008 entre la Secretaría General de Políticas de Igualdad y la Fundación José María de Llanos cuyo cometido principal es controlar el seguimiento de la ejecución del proyecto subvencionado, pudo provocar, como se pone de manifiesto en el epígrafe 3.2.6 siguiente, importantes retrasos en la ejecución de la inversión planificada inicialmente, así como incrementos presupuestarios en la misma.”

    “resulta muy significativo que la empresa adjudicataria (Gaforidis, S.L.) de la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud presentase una oferta económica por un importe exacto al importe de la subvención concedida por la DGVG a la Fundación José María Llanos”

    “también resulta muy significativo el escaso tiempo transcurrido entre la presentación del presupuesto del proyecto por parte de la citada empresa (26 de diciembre de 2007) y la fecha de expedición de la factura por los trabajos realizados (28 de diciembre de 2007), es decir, tan solo dos días. Todo lo anterior parece denotar que la citada empresa ya conocía que iba a ser adjudicataria del citado trabajo, por lo que presentó su presupuesto por el importe exacto de la subvención concedida por la DGVG, lo cual incumpliría los principios de transparencia y objetividad que rigen todo procedimiento de gestión de subvenciones públicas consagrados en el artículo 8.3 de la LGS y el principio de economía en la gestión de los fondos públicos.”

    “Además esta misma empresa fue posteriormente adjudicataria de los trabajos de asistencia técnica y dirección de obra.”

    “el contrato entre la Fundación y dicha empresa fue suscrito con fecha 8 de junio 2009, es decir, con anterioridad a las fechas de emisión de los tres presupuestos solicitados (un mes antes de la presentación de la oferta de la empresa que resultó finalmente adjudicataria), por lo que la solicitud de tres ofertas fue una mera apariencia creada por el beneficiario, incumpliéndose con ello lo dispuesto en el citado artículo 31.3 de la LGS al no haberse solicitado dichos presupuestos con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, tal y como preceptúa dicho artículo, lo que puede ser constitutivo de infracción administrativa en materia de subvenciones regulada en los artículos 52 y siguientes de LGS, por lo que la DGVG debe analizar esta situación y, en su caso, realizar las actuaciones oportunas23”

    “la DGVG debe comprobar si la Fundación José María de Llanos cumplió lo dispuesto en el precitado artículo 31.3 de la LGS, así como los principios de transparencia y objetividad que deben regir todo procedimiento de gestión de subvenciones públicas consagrados en el ya mencionado artículo 8.3 de la LGS, procediendo a analizar esta situación y, en su caso, realizar las actuaciones oportunas.”

    “se incrementaron un año el plazo de ejecución del proyecto subvencionado, con respecto al plazo inicial estimado de finalización de las obras, sin que la DGVG hubiera exigido a la Fundación José María de LLanos justificación adecuada de las causas que provocaron esta ampliación

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